27) La Guerra Civil Española . La victoria del Frente Popular (por Jan Doxrud)

Los autores también se refieren a la ya mencionada “Comisión de Actas” y cómo esta, mediante alteraciones, hizo aumentar la mayoría del Frente Popular con 23 nuevos escaños. En virtud de lo anterior, Álvarez y Villa afirman que más del 10% del total de los escaños en las nuevas Cortes no fue fruto de una competencia electoral en libertad.

Payne se muestra crítico con el sistema electoral y la composición de un parlamento que no era reflejo de las preferencias políticas de la nación. Raymond Carr también afirma la ley electoral ocultó la fuerza del partido derrotado, así como también el hecho de que España estaba dividida más equitativamente de lo que el triunfo del Frente Popular mostraba. Sobre el tema de las elecciones comenta Stanley Payne:

“En general, las votaciones fueron justas y democráticas, pero, sin importar quién las ganase, el resultado no iba a ser la victoria de la democracia. La formación vencedora, de izquierdas o de derechas, estaba en realidad lista para desplazarse hacia un nuevo régimen con objetivos exclusivistas, no de inclusión: bien una República sólo de izquierdas, prescindiendo de la derecha, o un régimen derechista y corporativista que controlaría a las izquierdas”.

Para el historiador el “gobierno” de Azaña y Casares Quiroga fue, en realidad, un “desgobierno”. En contra del mito de que los españoles de ser “impacientes”, Payne afirma que su capacidad de aguante frente a diversos sucesos “no tiene comparación posible”. El autor enumera una serie de actos de violencia durante el “desgobierno” de Azaña, por ejemplo: incautación ilegal de propiedades, sobre todo en las provincias del sur, incautación de iglesias y propiedades eclesiásticas, el cierre de colegios católicos, caída de la bolsa y fuga de capitales, la politización de la justicia mediante la aprobación de nuevas leyes, las cuales facilitaban las detenciones y procesos políticos arbitrarios. Raymond Carr destaca la paulatina desaparición del centro en favor de las posiciones extremas.

Por su parte, Ricardo de la Cierva opinaba que era una exageración solo ver desorden, anarquía y caos en el intento gubernamental del Frente Popular. Continúa señalando el historiador español que, en honor a la República, hay que reconocer que no dejó de emprenderse una obra de Gobierno durante este período. Ahora bien, de la Cierva concede crédito y gloria a la “izquierda republicana” (republicanos y elementos moderados del socialismo) y los exime de culpa de haber torpedeado la República, al menos, de manera consciente. Destaca las divisiones internas entre quienes firmaron el manifiesto del Frente.

Los elementos exaltados eran representados por comunistas stalinianos y disidentes del POUM, quienes eran atacados por sus rivales y tildados de “trotskistas”. Incluso Joaquín Maurín llegó a señalar, nos dice de la Cierva, que Manuel Azaña er aun “girondino” que había asistido a la escuela de “Kerenski”. Lo peor de todo es que, con el tiempo, la dinámica revolucionaria terminaría por eliminar a los moderados dentro del Frente Popular, siendo una de sus primeras víctimas el mismo Presidente Niceto Alcalá-Zamora.

Se invocó al Artículo 81 de la Constitución que señalaba que el Presidente estaba facultado para disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato, cuando lo estimase necesario. A esto se añadía que, en el caso de segunda disolución, “el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución de las anteriores”.

Así, el voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes significaría la destitución del Presidente. En el caso de Alcalá-Zamora, este había había disuelto por decreto 2 veces las cortes: en 1933 y 1936. Como explica Pío Moa el problema radicaba en si la disolución de 1936 debía considerar como la segunda o la “primera”. La razón de esto es que la disolución había correspondido a una Cortes Constituyentes cuya la bor llegaba a su fin una vez elaborada la Constitución y las leyes complementarias. Pero, como comenta Moa “Los mitos de la Guerra Civil”.

“Pero el Frente Popular se impuso como juez y parte, y juzgó la disolución del 26 como segunda e injustificada. ¡En cierto sentido, las Cortes se declaraban injustificadas a sí mismas y al gobierno del Frente Popular, pues de esa disolución prvenían ambos!”.

Siguiendo a Raymond Carr, desde las elecciones de febrero de 1936 hasta el alzamiento militar en julio del mismo año, España fue regida por un gobierno “puramente republicano” pero, tras la destitución de Alcalá-Zamora, la lucha se habría deslizado desde las Cortes a las calles, clubs y cuartos de banderas. Pero ni siquiera el advenimeinto de Manuel Azaña a la Presidencia aplacaría los ánimos de los más radicalizados. En palabras Ricardo de la Cierva:

“Es evidente que los partidos y grupos proletarios tenían plena conciencia de su fuerza política durante la primavera trágica. Dominados, como veremos, por la fiebre revolucionaria, Azaña no era para ellos más que un instrumento para quemar etapas”.

Stanley Payne es crítico hacia la figura de Azaña llegando a afirmar que presentarlo como el símbolo de la “república Democrática” constituía una de las grandes “equivocaciones, supercherías y falsedades de la historiografía contemporánea”. Explica el historiador estadounidense que Azaña nunca pretendió poner en práctica e insistió en su idea de la “hiperlegitimidad” de la izquierda a la hora de controlar la República. Sumado a esto, fue el mismo Azaña quien sostuvo que el constitucionalismo republicano como una serie de normas partidistas que garantizaran el resultado de antemano y no como reglas fijas con resultados inciertos.

El historiador Gabriele Ranzato, en el libro editado por del Rey y Álvarez, “El laberinto republicano. La democracia española y sus enemigos (1931-1936)” se refiere a la “debilidad democrática” por parte de algunas figuras republicanas de izquierda, como es el caso de Azaña. El académico italiano cita la reacción de Azaña ante la victoria de la centro-derecha en las elecciones en 1933 el político español, en lugar de aceptar el resultado democrático del sufragio pretendió evitar sus consecuencias intentando convencer al presidente del Consejo de Ministros, Diego Martínez Barrio, para que impidiera la reunión de las nuevas Cortes y formara un gobierno de izquierda republicana que convocara nuevos comicios. Si bien, como defiende Santos Juliá que esto era constitucional (era facultad del Presidente Niceto Alcalá-Zamora), no era democrático. En palabras de Ranzato:

“Porque el hecho básico, que no se puede pasar por alto, de todo este asunto es que la disolución de aquellas Cortes significaba la anulación del resultado de unas elecciones libres, es decir, la anulación de una de las bases fundamentales del sistema democrático; o sea, un acto contrario al espíritu y a las normas de la Constitución republicana, como de toda Carta Magna liberal-democrática”.

Hacia el final del escrito, el historiador español concluye que los republicanos de izquierdas, y particularmente sus líderes, tuvieron una importante cuota de responsabilidad de hundir el país en la Guerra Civil.

Ramón Tamames, por su parte, explica las medidas del nuevo gobierno del Frente Popular no se hicieron esperar y, el 22 de febrero, fueron liberados 30 mil presos políticos, siendo la mayoría de ellos encarcelados por motivo de los sucesos revolucionarios de 1934. Junto a esto, se devolvieron sus facultades a la Generalidad de Cataluña, se realizaron algunos reajustes en el Ejército que, entre otras cosas, buscaron r estar influencia de los jefes considerados más peligrosos, como era el caso de Franco y Goded, los cuales fueron destinados a Canarias y Baleares. Si bien estas y otras reformas, sumado al clima de violencia y polarización, pavimentarían el camino hacia la guerra, todavía faltaba otro hecho que sería catastrófico que abordaremos en breve: el asesinato del diputado de derecha José Calvo Sotelo.

En opinión de Paul Preston la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936 hizo que en la derecha llegara la hora de la acción pro parte de los “catastrofistas”, de los cuales habíamos hablado en otro artículo anterior. Así, de acuerdo al autor inglés, las elecciones habrían marcado un punto de inflexión en la CEDA en su intento de utilizar la democracia en contra de sí misma. Preston termina el párrafo con las siguientes palabras: “Esto significaba que, en adelante, la derecha iba a preocuparse más de destruir la República que de asumir el mando. La conspiración militar había empezado”. Por otro lado, el mismo autor destaca la débil posición (“fatal debilidad”) en la que se encontraba el Frente Popular, que derivaba no solamente del hostigamiento de la derecha, sino que también “del hecho de que no representaba en términos reales la coalición electoral que lo había colcoado en el poder”.

Pero la tónica fue la violencia como trasfondo, con ataques, en marzo, por parte de pistoleros de la Falange a obreros en Granada, seguido de ataques incendiarios a los cuarteles locales de la Falange y Acción Popular, las oficinas del diarios de derecha Ideal y dos iglesias. En el mismo mes casi fue asesinado el artífice de la Constitución, Luis Gimenez de Asúa, por parte de pistoleros falangistas y la casa de Caballero fue tiroteada por un escuadrón derechista, señala Preston. Los meses siguientes vieron la destitución del Presidente Alcalá-Zamora (en una maniobra que fue cuestionada) y que llevó a Manuel Azaña a la presidencia el 10 de mayo. Pero aquí nuevamente surgirían las tensiones entre Prieto y Largo Caballero.

El resultado fue la dificultad de formar gobierno y al sucesión de diversos presidentes del Consejo de Ministro: Augusto Barcia Trelles (interino, 10-13 mayor de 1936); Santiago Casares Quiroga (mayo-julio de 1936); Diego Martinez Barrio (julio de 1936); José Giral (julio-septiembre de 1936). Solo después de Giral lograría Largo Caballero llegar a ser Jefe de Gobierno entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, seguido de Juan Negrín quien ejerció el cargo entre mayo de 1937 y marzo de 1939.

Ricardo de la Cierva destaca cómo el anarcosindicalismo declaró la guerra al Estado y la sociedad institucionalizada, mientras que el PSOE entraba en una fase de bolchevización y descomposición. Ahora bien, en el caso de los anarcosindicalistas esto no era una novedad, pero de la Cierva destaca que, en la primavera de 1936. Este grupo fue más allá y “en la más solemne y oficial de sus ocasiones declara la guerra total a la República democrática y trata formalmente de establecer un pacto revolucionario de signo puramente destructivo con el ala extremista del socialismo”. En el mismo infantilismo utópico cayeron los comunistas libertarios.