2/4-Libro: Los impuestos tienen consecuencias (por Jan Doxrud)

Hecha esta aclaración continuemos con el libro. Los autores destacan como un hecho central en la historia económica de los EE.UU: el ya mencionado establecimiento del IRPF en 1913 con la ratificación de la Decimosexta Enmienda a la Constitución. En virtud de esto último, el Congreso tendría la facultad para establecer y recaudar ingresos “sea cual fuere la fuente de donde provengan”. En un comienzo los tramos iban del 1% al 7% y en la década de 1920 el tramo superior superó el 75%.

Añaden los autores que de 1932 a 1980 los altos ingresos pagaron un tipo de, al menos, 60% y desde 1987 hasta 2020, el umbral máximo fluctuó entre 28% y 40%. Lo que destacan los autores de lo acontecido en 1913 es aquella parte de la frase que dice que serán gravados todo tipo de ingresos sin importar “la fuente de donde provengan”, lo que daba a los políticos un enorme poder discrecional. Así, por ejemplo, en 1913 el Congreso decidió que las rentas del trabajo serían incluidas en el IRPF, mientras que las rentas del ahorro generados por bonos de deuda estatales o locales quedarían excluidas.

Fue justamente esto lo que daría comienzo a lo que aborda en extenso el libro y son los incentivos y reacciones por parte de quienes se vieron afectados por los impuestos. Como explican los economistas, las personas idearon y adoptaron una serie de estrategias que buscaron hacer frente a los altos tipos impositivos, por ejemplo, declarar menos ingresos sujetos a los tramos más punitivos en términos fiscales y canalizando una parte significativa de su renta a fuentes que quedaban excluidas del pago de impuestos o que pagaban un tipo impositivo menor.

El punto es que, para los autores, los ricos, al ser ricos, tienen más flexibilidad para reportar menos ingresos antes de impuestos y pueden “jugar con su flujo de ingresos como mejor les parezca” ya que “no viven esperando a cobrar la próxima nomina (…)”. Es por esto por lo que el 1% más rico paga un “tipo efectivo” inferior al umbral máximo que le corresponde a dicho tramo.

Ahora vayamos a la historia de los Estados Unidos en materia económica. De acuerdo con Laffer, Domitrovic y Sinquefield, en 1913 solo unas pocas personas que percibían rentas del trabajo – alrededor de 350.000, cerca del 4% de la población – estaban obligadas a declarar sus ingresos y el tramo superior era del 7%. En 1916 se elevó a 15% y dos años después llegó al 73%. A comienzos de la década de 1920 (posterior a la Primera Guerra Mundial) tenemos las siguientes cifras para los tramos superiores del IRPF: 73% (1920-1921), 58% (1922), 43,5% (1923), 46% (1924), 25% (1925), 25% (1926-1928) y 24% (1929).

Así la rebaja del IRPF fue gradual y Estados Unidos fue el único de los principales países que participaron en la Primera Guerra Mundial que aplicó una disminución en la carga fiscal. Por otro lado, países europeos como Reino Unido, Francia o Alemania, aumentaron la carga impositiva con el consecuente estancamiento de sus economías. Ahora bien, hay que considerar otras variables como la situación económica de Alemania y las reparaciones que le impusieron los vencedores.

También hay que considerar que Estados Unidos ingresó en 1917 en la guerra y, a diferencia de Alemania y Francia (entre otros), no sufrió daños directos en su territorio. Fue en 1919-1920 cuando los demócratas se decantaron por la opción de reducir los impuestos debido a la fuerte caída de la producción total en el período lo que, como aclaran los autores, “coincidió con la desmovilización de las actividades asociadas a la economía de la guerra, que propició una caída abrupta en el gasto del presupuesto dedicado a la defensa”.

Los economistas citan las palabras del secretario del Tesoro durante el mandato del presidente Woodrow Wilson (1913-1921): William G. McAdoo (1863-1941). Para McAdoo era inviable políticas tributarias punitivas, puesto que era destructivo aplicar altas tasas impositivas en tiempos de paz, por lo que – afirmó – “Ahora, los impuestos propios de la guerra deben reducirse”. A esto añadió McAdoo:

“Si bien los pobres no pagan estos impuestos directamente, lo hacen indirectamente, porque los impuestos aumentan los precios de (…) todo artículo consumido o usado por el pueblo”.

También el Presidente Wilson había señalado en su discurso sobre el estado de la Unión (diciembre de 1919), que el Congreso debía considerar si los altos tipos impositivos sobre las ganancias y rentas efectivamente generaban ingresos para el Estado. O, por el contrario, Wilson afirmaba que tales tasas podían ser un elemento destructor para la actividad comercial y productiva. El sucesor de McAdoo, Carter Glass afirmaba en un informe anual del año 1919 que los tipos altos estaban desbordando el punto de productividad y que cualquier subida adicional incentivaría a que los más ricos comenzaran a invertir en títulos de deuda (como bonos municipales, estatales y federales) que estuvieran exentos de pago de impuestos. Así, el “coste de oportunidad” sería la desinversión por parte de los más ricos en el desarrollo de nuevas empresas.

Tenemos que, cuando las tasas impositivas eran altas, los ricos comenzaron a invertir en bonos que son títulos de deuda que pueden emitir los municipios, estados y el gobierno federal. El problema con esto es el coste de oportunidad, es decir, la oportunidad sacrificada, siendo esta el destinar ese dinero hacia el sector productivo en lugar de vivir de los intereses recibido por la tenencia de esos bonos. Junto con esto tenemos el efecto desplazamiento que se encuentra vinculado con el punto anterior: los ingresos de los más ricos se desplazaron desde la esfera privada a un ámbito muy acotado que era el sector público. Frente a esto la solución pasaba por revertir este efecto desplazamiento, pero, para ello había que hacer de los títulos de deuda algo menos atractivos y eso comenzaba con la decisión de rebajar los impuestos.

Los autores señalan que fue la rebaja fiscal lo que permitió el crecimiento económico de la década de 1920 (lo “Roaring Twenties” o “Locos años 20”). Siguiendo esta línea argumentativa, esta rebaja de impuestos alcanzó entre 1921 y 1929 “los más vigorosos y resplandecientes niveles conocidos a lo largo de la historia de Estados Unidos”. Esto se tradujo en una disminución del desempleo, eliminar el paro estructural y llegar a lo que se conoce como “pleno empleo”. Junto con lo anterior, se redujo el gasto federal debido a que el sector privado fue el que se hizo cargo de gran parte de las necesidades de la población. En palabras de Laffer, Domitrovic y Sinquefield:

“El pueblo estadounidense disfrutó de una prosperidad masiva como nunca zse había visto. Nuevos barrios, automóviles, radios, aviones, películas, electrodomésticos…Todo éstos y muchos más eran los frutos de la inversión privada, que aumentó la producción y la abundancia material en un tiempo en el que la nación experimentó lo que hoy se recuerda como el episodio más legendario de los anales de la generación masiva de riqueza: Los locos años veinte”.

Pasemos ahora al capítulo 5 en donde se aborda la década de 1930 marcada por la crisis de 1929 y la posterior “Gran Depresión”. Aquí los autores lanzan sus dardos contra los efectos generados por la subida arancelaria, específicamente, la Ley Smoot-Hawley (junio de 1930), nombre que proviene de los políticos republicanos Reed Smoot (1862-1941) y Wilis C. Hawley (1864-1941). Esta ley arancelara de 1930, explican los autores, incluyó tres tipos de medidas. En primer lugar desglosaba una lista de productos gravados con tasas específicas. En segundo lugar aplicaba una tarifa general para todos los productos manufacturados, esto es, un tipo de referencia que era aplicable a aquellos bienes importados para los que no se adoptaban unos tipos determinados. Por último, se adjuntaba una lista con bienes exentos de arancel. En relación con esta ley escriben los autores:

“La Ley Smoot-Hawley venía desglosada en una pieza normalmente larga, de más de noventa páginas de escritura densa dedicada a enumerar todos los impuestos específicos recogidos en la subida fiscal. Como todos los textos dedicados a entorpecer el libre comercio, su lectura es ciertamente curiosa, sobre todo porque al especificidad era microscópica (…)”.

Como explican en el capítulo 6, para los keynesianos la aplicación de aranceles altos tendría como consecuencia estimular el PIB, ya que las importaciones se reducirían (por el arancel) pero tal caída de la demanda extranjera se vería sustituida por una mayor demanda de productos nacionales. El problema con esto es las exportaciones – que constituyen otro componente del PIB – cayeron en la misma medida en que lo hicieron en las importaciones. Así, concluyen los autores: “En este sentido, el saldo neto fue que la ganancia derivada de las mayores compras a los productores locales se anuló con las menores ventas del sectores exterior al extranjero”.

El punto es que esta ley arancelaria fue, en gran parte, responsable de que la crisis de 1929 se transformara en una depresión económica. De acuerdo con los autores, a pesar del crac de 1929 la bolsa se empezó a recuperar a principios de 1920 pareciendo así encaminarse hacia los niveles de comienzos de 1929. Pero con la firma de esta ley bajo la presidencia de Herbert Hoover, no solo se generó un impacto dentro del país, sino que con el tiempo los demás países responderían también con alzas arancelarias lo que afectaría fuertemente el comercio internacional.

El resultado fue el desplome del comercio entre los Estados Unidos y el resto del mundo el cual se redujo, en términos nominales, en más de dos tercios entre 1930 y 1932. Añaden los autores que el desempeño del mercado de valores – siguiendo el promedio Industrial Dow Jones – tuvo un comportamiento que fue de la mano del desempeño comercial internacional.

Un dato interesante que se relata en el libro fueron los incentivos que se generaron al anunciarse la aprobación del arancel. Sucedió que los importadores comenzaron a comprar rápidamente bienes en el extranjero durante la primavera con el objetivo de esquivar los efectos de la ley arancelaria “cuya aprobación se veía probable y cercana”. La consecuencia fue que los ingresos percibidos vía aranceles se dispararon y, de acuerdo con un informe del Tesoro de noviembre de 1930, en junio se obtuvieron más de 72 millones en comparación con los 52 millones del año anterior. De acuerdo con Laffer, Domitrovic y Sinquefield:

“Presumiblemente, la mayor parte de esos 72 millones de dólares de ingresos arancelarios obtenidos en junio de 1930 se puede explicar por las importaciones previas a la entrada en vigor de la Ley Smoot-Hawley”.

Como consecuencia de esto ingresó un gran volumen de bienes que fueron almacenados – como los bienes de capital – que ayudaron abastecer la producción y el consumo en otoño y verano. En palabras de Laffer, Domitrovic y Sinquefield:

“Los bienes de capital permitieron una mayor producción en las instalaciones estadounidenses a corto plazo, como viene reflejado en el año fiscal de 1931. Así, a partir del verano de 1930, cuando comenzó el año fiscal de 1931, se dio una oleada de actividad económica que, a priori, negaba los miedos de entrada en vigor de la Ley Arancelaria”.

Así, se habría generado una sensación de bienestar que se debía a esta anticipación que hicieron los importadores y que creó una “falsa sensación” en las arcas de Hacienda. En lo que respecta al IRPF sucedió algo similar. Sucede que el grueso de las contribuciones hechas al fisco se realizaba en marzo (cuando terminaba el plazo para real) y, como apuntan los autores: “El 15 de marzo de 1930 (…) era preciso abonar los impuestos devengados del año fiscal de 1929 (…)”.

De esta manera, llegado el año fiscal de 1930 el gobierno contaba con un superávit presupuestario. Añaden los economistas que los ingresos del año fiscal de 1931 se beneficiaron del consumo y la producción del verano de 1930 y del aumento de las importaciones observado hasta el 17 de junio de 1930, los que tuvieron como efecto ensanchar la base imponible.

Sin embargo, a finales de 1930 comenzarían a disminuir los ingresos totales fiscales. A pesar de esto, los economistas señalan que aún existía una suerte de “tanque de oxígeno” para el gobierno: la recaudación del IRPF de en marzo 1931. Estos se correspondían con el grueso de los pagos del año fiscal de 1930. Dicho de manera clara, los impuestos sobre la renta que habían sido abonados en 1931 correspondían a los ingresos que se habían obtenido a lo largo del año 1930. A esto añaden Laffer, Domitrovic y Sinquefield:

“Esto incluyó la primera mitad de 1930, cuando la actividad económica se intensificó en un esfuerzo por anticiparse a los aranceles. En la segunda mitad de 1930, cuando los comerciantes y productores vendieron las mercancías obtenidas a través del aumento récord de las compras al extranjero anteriores a la Ley Smoot-Hawley de verano de 1930, se dio una nueva oleada de ingresos sobre los que se recaudarían más impuestos para el mes de marzo siguiente”.

https://www.historyextra.com/period/20th-century/in-a-nutshell-the-great-depression/

Pero posteriormente se impondría la realidad. En la primavera, verano y otoño de 1931 el país sufrió una contracción continua en donde el Producto Interno Bruto cayó un 6,4% con respecto al año 1929, con el consecuente aumento del desempleo que afectó a millones y las quiebras bancarias. Para ser más específicos, en el bienio 1930-1931, los autores señalan que quebraron 4.000 bancos en contraste con los 560 que compartieron el mismo destino en 1929. Por ende, lo que sucedió fue que la economía no siguió beneficiándose de la gran cantidad de bienes importados que habían ingresado en la primera mitad de 1930. Para el año fiscal de 1932 comenzó a desaparecer ese “colchón” constituido por las contribuciones provenientes de los ingresos más altos.

¿Cómo evolucionó el tramo superior del IRPF 1929? De 25% que predominó en 1930 y 1931, terminó subiendo a 63% el año 1932, a 79% el año 1936, 81% en 1941, 88% (1942-1943) y 94% en 1944. Los autores critican a Piketty por señalar que fue Roosevelt quien subió el tramo superior de 25% a 63%, puesto que fue bajo la presidencia de Hoover cuando se aplicó (a partir del 1 de enero de 1932).

Como explican Laffer, Domitrovic y Sinquefield los ingresos declarados por el 1% de mayor renta sufrieron un desplome del 30% a lo largo del año 1932. Añaden que cuando la renta antes de impuestos se antoja más igualitaria con la consecuente subida de la tributación para quienes más ganan, lo que finalmente sucede es que este subgrupo declara una parte más pequeña de sus ingresos, por lo que los deseos de mayor igualitarismo es una mera ilusión. Sumado a esto señalan: “En cambio, los ingresos de los pobres caen como resultado del descenso de la inversión, la demanda y a producción”.

Para los autores existe una correlación entre la participación del 1% que más gana sobre el ingreso nacional y la tasa de empleo (1-Tasa de paro, es decir, si el desempleo es del 7% entonces tenemos que 1 - 0,07 = 93% de personas empleadas). Cuando cae uno también disminuye el otro. Así, los autores plantean la tesis anteriormente mencionada y es que los responsables de la depresión económica no fueron ni el libre mercado ni el capitalismo, sino que las medidas proteccionistas y el alza de impuestos.

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