2) Octubre de 2019: ¿El fin del “oasis” chileno? Recuento de los hechos (II) (por Jan Doxrud)
Finalmente, ante la destrucción de infraestructura y la quema coordinada de las estaciones de Metro, el presidente decidió finalmente decretar el Estado de Emergencia en Santiago. Una de las líneas más afectadas por los destrozos e incendios fue la Línea 4 donde 118 de sus 136 estaciones se vieron afectadas. Lo más negativo de esto es que termina por afectar principalmente a los habitantes de Puente Alto, ya que este servicio une esta comuna con la de Providencia. De acuerdo a Louis de Grange los daños a las estaciones de la red subterránea superan los US$300 millones y añadió que la Linea 4 y 4a podrían estar meses sin funcionar.
El Presidente Piñera en vista de esto señaló que en una democracia, en un Estado de Derecho, construida con esfuerzo no debía haber espacio alguno para la violencia y la delincuencia. A esto añadía Sebastián Piñera:
“Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana y contra la propiedad tanto pública como privada (...) he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo en la región metropolitana”.
El Estado de Emergencia sería ampliado a comunas de las regiones de Valparaiso, Biobio, Coquimbo, O’Higgins, Antofagasta y Ñuble entre otras.
El diputado Gabriel Boric manifestó que la respuesta del gobierno era un descriterio total y Beatriz Sánchez declaró que sacar los militares no era la solución. La diputada Gael Yeomans escribió en Twitter que Piñera, al declarar Estado de Emergencia, había aumentando la represión así como la prohibición de derechos básicos, sin hacerse cargo de la demanda de fondo. En suma, se rechazaba lo que algunos consideraban con una “criminalización de la protesta” y la “militrización de la ciudad”. Este estado de excepción, sumado a la presencia de los militares, despertaron los fantasmas del pasado y las personas comenzaron a filtrar lo que sucedía con las lentes de la década de 1970. Hubo reacciones destempladas guiadas por arrebatos emocionales sumado a la ignorancia en el uso de ciertos conceptos. Por ejemplo la cantante Mon Laferte tildó a Sebastián Piñera de “dictador” y medios de izquierda hicieron eco de esto como el Desconcierto, Gamba, Fortín Mapocho, etc.
Pero quizás la crítica más descarada vino ni más ni menos que de la hija del dictador Raúl Castro: Mariela. El 23 de octubre escribió en su cuenta de:
“La palabra perdón no tiene sentido cuando sale de la boca de un cipayo dictador. El perdón del dictador Piñera no convence al pueblo de Chile”,
Como ya sabemos, hubo momentos en que la violencia tomó el protagonismo frente a la manifestaciones pacíficas y esto no constituía una exageración puesto que la destrucción había rebasado los límites de lo que estábamos acostumbrados. Estaciones de metro quemadas, saqueo de supermercados y negocios, saqueo en el barrio Franklin, saqueos en ferias libres y peor aún, amenaza de saqueos de hogares. Frente a la incapacidad del Estado de poder brindar protección y cubrir todas las áreas amenazadas por el vandalismo, fuimos testigos de iniciativas ciudadanas que se propusieron defender su integridad, sus familias, sus propiedad y la de sus vecinos, me refiero a los denominados “chalecos amarillos”. Así, teníamos que mientras una parte de la población clamaba por el fin del estado de emergencia, otra clamaba por mantenerlo y no retirar a los militares de las calles.
Ante el la crispación de los ánimos y la creciente polarización frente a las medidas adoptadas por el Gobierno, el 22 de octubre el Presidente convocó una reunión con los partidos de oposición en donde asistieron Heraldo Muñoz (PPD), Carlos Maldonado (PR) y Fuad Chahín (DC). No asistieron ni el Partido Comunista, ni los parlamentarios del Frente Amplio y, quizás, lo que más sorprendió fue la ausencia de Álvaro Elizalde del Partido Socialista. Guillermo Teillier habría desestimado la invitación de Gonzalo Blumel (Ministro de la Segpres) y adoptó una retórica radical e intransigente declarando que el Presidente no tenía la capacidad de gobernar por lo que debía renunciar y convocar nuevas elecciones.
Por su parte , Álvaro Elizalde en una declaración pública manifestó que cuando el gobierno invitaba solo a algunos actores políticos y excluía a otros, se pretendía dividir a la oposición y, además, dejar afuera a los actores sociales . Además añadió que mientras no se respetaran los DD.HH, no existían las condiciones para concurrir a una reunión sin objetivos claros. En lo que respecta al Frente Amplio, si bien no se sentaron a dialogar con Sebastián Piñera, sí se dirigieron tanto Beatriz Sánchez como miembros de Unidad por el Cambio a La Moneda para entregar un documento con 9 propuestas titulado “Agenda de No Más Abusos” que incluía el congelamiento de tarifas de electricidad, jornada de 40 horas, aumento del salario mínimo (a 420 mil pesos) y democratización del agua entre otras propuestas.
El mismo 22 de cotubre, el Presidente, en otro anuncio, pide perdón y anuncia un paquete de medidas más concretas. En palabras del Presidente:
“hemos escuchado, fuerte y clara, la voz de la gente expresando pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor”.
En lo que respecta a los anuncios, el Presidente, en primer lugar, en materia de pensiones, anunció un aumento inmediato de 20% de la Pensión Básica Solidaria, lo que beneficiaría a 590 mil pensionados. También anunció el aumento inmediato de 20% en el Aporte Previsional Solidario, lo que beneficiará a 945 mil pensionados. Junto a esto anunció el aumento adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios durante los años 2021 y 2022, para aquellos pensionados mayores de 75 años. Por último, anunció que se complementaría el ahorro previsional de la clase media así como también de las mujeres que trabajan y cotizan para, de esa manera, lograr incrementar sus pensiones al momento de la jubilación. Junto a esto anunció nuevos aportes de recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes.
En segundo lugar, en materia de salud, el Presidente se comprometió a dar urgencia de discusión inmediata al Proyecto de Ley que crea un Seguro de Enfermedades Catastróficas, “de forma de asegurar un techo al gasto de salud de las familias. El gasto que exceda a ese techo será cubierto por el Seguro”. Por último se anunció la creación de un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos que no son cubiertos por programas como el GES o la Ley Ricarte Soto y la ampliación del convenio del Fonasa con farmacias. En tercer lugar, en materia laboral, se anunció la creación de un ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos para todos los trabajadores con jornada completa (no es un aumento del salario mínimo sino que un aporte para aumentarlo). En cuarto lugar, en materia energética, se anunció la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas para de esa anular la alza 9,2 por ciento de la electricidad.
En quinto lugar, en materia tributaria, el Presidente anunció la creación de un Impuesto Global Complementario de 40% para las rentas superiores a 8 millones mensuales. En sexto lugar, en materia de seguridad pública, se anunció la Creación de la Defensoría de las víctima. El séptimo anuncio se refiere a la equidad en las comunas que se traduce en un fortalecimiento del Fondo Común Municipal, destinando mayores aportes desde las comunas de mayores ingresos a aquellas comunas má vulnerables y que reciben menos ingresos. En octavo y último lugar tenemos los sueldos de la administración pública , lo que se traduce en una disminución de la dieta parlamentaria y limitación de las reelecciones.
Un día después, el Presidente Piñera también se reunió con una serie de intelectuales y académicos para escuchar su opinión. Entre estas personalidades se encontraba el psiquiatra Ricardo Caponni, Oscar Guillermo Garretón, Carlos Peña, Arturo Fontaine, José Antonio Viera-Gallo, Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo.
El 26 de octubre, Sebastián Piñera anunció el esperado cambio de gabinete. Ante esto, la oposición no quedó satisfecha y demandó cambios “de fondo” o “estructurales” y se tildaron las medidas del Presidente como “absolutamente insuficientes”, tal como señaló Miguel Crispi. Camila Vallejo, del Partido Comunista, remarcó la importancia de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil. Al parecer, quienes deseaban reformas estructurales o “de fondo” apuntaban a medidas como poner fin al sistema de capitalización individual en materia de pensiones y confeccionar una nueva Constitución. Comenzaba de nuevo el debate: demoler el “modelo” o hacer reformas significativas al “modelo”.
Otro tema que alteró los ánimos fueron los casos de abusos por parte de efectivos de carabineros y FF.AA registrados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) lo cual se ha traducido en el anuncio de querellas por parte de este organismo producto de la muerte de personas durante el estado de emergencia El INDH ha contabilizado, al menos, 1.193 casos de detenciones durante las protestas de los cuales 2.177 son hombres, 549 mujeres y 343 menores de edad. Es preciso señalar que el gobierno chileno contactó a la Alta Comisionado de DD.HH de la ONU, la ex Presidenta de Chile Michelle Bachelet quien anunció el 24 de octubre el envío de una misión de verificación con el objetivo de examinar las denuncias de violaciones a los DD.HH. Tal misión llego al país el lunes 28 de octubre. Ya el 24 de octubre, mediante una carta, 206 profesores de Derecho se comprometieron a que ninguna violación de DD.HH quedaría impune.
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