(I) Breve reflexión sobre los viejos y nuevos autoritarismos (por Jan Doxrud)
Gobierno, régimen, Dictadura…¿qué sentido tienen estos conceptos en el siglo XXI? El concepto de "gobierno" tiene los siguientes significados de acuerdo al DLE:
A) Acción y efecto de gobernar o gobernarse.
B) Órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros o consejeros.
En la Grecia clásica tenemos que Gobierno = régimen político =cargos públicos y quienes los ejercen, de manera que Gobierno = Poder Ejecutivo = Presidente y Ministros. Así, el gobierno es el que se encarga del poder ejecutivo del Estado, de manera que el gobierno es temporal, mientras que el Estado y sus instituciones son permanentes. El gobierno vendría a ser el medio por el cual el Estado ejerce su autoridad. De acuerdo a esto, se puede hablar sin problema alguno de un “gobierno socialista” (Cuba, Corea y China) o un “gobierno nacional - socialista” o el “gobierno militar de Pinochet”. El concepto de Estado ya lo he desarrollado en varios artículos por lo que me centraré en el concepto de autoritarismo.
En lo que respecta a la Dictadura esta constituía, en la antigua Roma, una magistratura extraordinaria ejercida por un breve período de tiempo con poderes excepcionales. Actualmente, la dictadura puede definirse como un régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y que reprime los derechos humanos y las libertades individuales. En el caso de la dictadura cívico-militar en Chile, el 17 de junio de 1974, mediante el Decreto Ley 527, asumió Augusto Pinochet como Jefe Supremo de la Nación (cargo que mantuvo hasta el 17 de diciembre de 1974). Mediante una modificación de dicho decreto fue nombrado Presidente de la República por los demás integrantes de la Junta Militar.
En el Chile de aquel entonces no existía un Estado de Derecho y no había una verdadera independencia de los poderes del Estado. Como explica el historiador chileno Nicolás Ocaranza, el régimen cívico militar de Pinochet responde a la definición politológica de una dictadura moderna:
a) La concentración y el carácter absoluto del poder político.
b) La supresión de los procedimientos democráticos y su legitimidad no autorizada inicialmente por reglas constitucionales.
c) Una instauración de facto que establece la ley marcial y el estado de sitio como fundamentos del orden social.
d) El trastorno del orden político preexistente movilizando a una parte de la sociedad y sometiendo con violencia a la otra.
e) Instauración de un poder que no sufre límites jurídicos y carece de reglas claras para su propia sucesión.
f) Legitimación del orden de facto mediante una nueva constitución, lo que la convierte en una dictadura constitucional.
f) Su duración no está fijada con anticipación, pese a que se presenta como temporal, sino que depende de las vicisitudes históricas en las que se desenvuelve, convirtiéndose en una forma de gobierno “normal” y permanente.
Si bien podemos hablar de régimen o dictadura, existen historiadores, como Gabriel Salazar, que señalan que cuando se cambia el concepto dictadura, que implica una violación de Derechos Humanos en Chile, por un concepto neutro como es el caso del concepto de “régimen”, entonces lo que sucede es que se disfraza lo que efectivamente ocurrió en aquellos años. Por otro lado, el académico de la Universidad Católica de Chile, Joaquín Fermandois, afirma que el término “régimen militar” es más completo puesto que, para decir dictadura, se debería tener en consideración qué tipos de dictaduras han habido en el mundo. Añade Fermandois que la palabra régimen es más adecuada puesto que el régimen de Pinochet tuvo una evolución, es decir, fue una dictadura absoluta entre 1973 y 1977, pero posteriormente comenzó a cambiar. Por ejemplo, a partir de la década de 1980, existió una relativa libertad de prensa y una libertad de discusión pública. En suma, para Fermandois afirmar que hubo una dictadura de 17años no resulta ser cierto.
Democracia y Autoritarismo
¿Qué sucede en nuestro actual siglo XXI en relación al tema de los autoritarismos? Por ejemplo, ¿en qué categoría cae el gobierno bolivariano en Venezuela? En Venezuela, el Presidente Maduro fue electo democráticamente, existe una Constitución, un ordenamiento jurídico y división de los poderes del Estado. ¿Pero acaso lo anterior basta para hablar de un Estado de derecho? Nótese que digo Estado de derecho y no democracia. Me explico. Se suele ver en los titulares de periódicos y en las noticias en televisión que en Venezuela falta democracia, pero ¿es esto cierto? Como ya he argumentado en una serie de artículos sobre la democracia, esta constituye un método (de elección) que permite resolver pacíficamente la competencia por el poder político por parte de los partidos, que son aquellas asociaciones que catapultan a los candidatos a la arena de la competencia política.
En segundo lugar, la democracia no garantiza ni el Estado de Derecho ni las libertades individuales, de manera que la tiranía no es un monopolio o patrimonio exclusivo de un dictador o una junta militar, puesto que también puede ser ejercida por una mayoría, como ya advirtió de Tocqueville. Como sabrían los marxistas, la dictadura podría ser ejercida incluso por una clase social como el proletariado. Como ya expliqué en otro artículo, para Lenin la dictadura del proletariado no sólo era legítima como medio para derrotar a los explotadores y aplastar su resistencia, sino que también era absolutamente necesaria para toda la masa trabajadora como única defensa contra la dictadura de la burguesía, que ha llevado a la guerra y está gestando nuevas contiendas. En el otro espectro ideológico personajes como Joseph de Maistre o Louis de Bonald también justificaban los regímenes de corte autoritarios frente a la democracia.
De esta manera debemos vaciar la democracia de cualquier finalidad ideológica, puesto que esta ideología puede variar dependiendo de quien llegue al poder por medio de la democracia. En Venezuela, más que una crisis de la democracia, existe una crisis del Estado de Derecho y de las libertades individuales. El lector tendrá que buscar algún nombre para rotular esa clase de gobierno que predomina en Venezuela. Lo que resulta esencial comprender es que el sistema democrático va más allá del “gobierno de la mayoría”, puesto que también resulta esencial la defensa de los derechos de las minorías frente al poder estatal. En síntesis, el sistema democrático requiere de la libertad para funcionar de manera óptima, pero la libertad de las personas no necesita de la democracia para subsistir, con lo cual quiero dar a entender que los derechos y libertades individuales pueden ser puestas en jaque bajo una democracia.
El académico de Derecho Penal de la universidad Alberto Hurtado, Juan Luis Modolell, se pregunta en un artículo si acaso Venezuela constituye o no un Estado de Derecho. Al respecto escribió el autor:
“Si se entiende como Estado de Derecho el sometimiento de la actividad del Estado al derecho legítimo y previamente establecido, que suponga la existencia de un poder judicial independiente, resulta obvio que el Estado venezolano no ha sido un Estado de Derecho durante el régimen chavista”[1].
Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, señaló que en el Estado de Derecho había muerto en Venezuela. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, escribió:
“Lo que hemos presenciado en Venezuela no es un accidente reciente ni un acontecimiento aislado. A lo largo de los años, el chavismo ha actuado de forma persistente y deliberada para debilitar los mecanismos de control y avasallar los derechos fundamentales de sus ciudadanos”[2].
La existencia de una Constitución, de un ordenamiento jurídico y de poderes del Estado son condiciones necesarias pero no suficientes para el establecimiento de un Estado de derecho que respete las libertades individuales. Si lo anterior no fuese cierto entonces tanto el régimen nazi como los regímenes comunistas habrían sido Estados de Derecho. Regresando al caso venezolano tenemos que, en primer lugar, ese régimen carece de una verdadera división e independencia de los poderes del Estado, no existe el imperio de la ley, sino que el imperio de la fuerza de la elite política chavista, existe una extendida corrupción y el narcotráfico se ha expandido sus tentáculos hasta las más altas esferas del régimen y, por último, la ciudadanía ha sido sometidas a un férreo control político con ayuda de la inteligencia cubana. El lector podrá llamar dictadura o no a Venezuela, pero lo que es indiscutible es que en Venezuela no existe un Estado de Derecho.
Como explica el Director Centre for the Study of African Economies, Paul Collier, en su libro "Guerra en el club de la miseria. La democracia en lugares peligrosos", una verdadera democracia no consiste sólo en celebrar elecciones periódicas, puesto que una verdadera democracia debe contar con frenos y contrapesos que limiten el poder del gobierno una vez electo para que, de esa manera, no se aplaste a aquellas facciones que fueron derrotadas. A esto añade Collier: "Si no existen límites al poder del vencedor, los comicios se convierten en una cuestión de vida o muerte. Y si esta lucha a vida o muerte no está, a su vez, sometida a unas reglas, los contendientes adoptan posturas extremas. El resultado de todo ellos no es la democracia, sino lo que yo llamo dementecracia (...)".
Por lo demás, la democracia no resulta ser una suerte de panacea o santo grial que pueda resolver los conflictos en los países. Collier señala un dato interesante y es que en los países de renta baja la democracia hace que la sociedad sea más peligrosa. Collier señala que, en virtud de lo anterior, debe existir un nivel de renta, una suerte de umbral que estaría en torno a los USD 2.700 o USD 7 por cabeza diario. De acuerdo a esto, a medida que una sociedad NO democrática se hace más rica, esta será más propensa a sufrir violencia política, de manera que para algunos dictadores no resultaría positivo subir el nivel de renta per capital de los ciudadanos. Otras dificultades para el establecimiento de la democracia puede obedecer a otros factores como la heterogeneidad de la población desde un punto de vista étnico, cultural, religioso e incluso su geografía. Esto último explica la imposibilidad de establecer una democracia liberal en países como Afganistán o Pakistán.
También esta el caso de las "demodictaduras" como la "Presidente" de Zimbabue: Robert Mugabe. Como explica Collier, en 1990 Mugabe aceptó la existencia de una Constitución que estipulaba la celebración de elecciones multipartidistas e imponía límites temporales al ejercicio de las legislaturas. El problema, continúa explicando Collier, es que el paso del tiempo y la llegada de la fecha límite se transformó en una bomba de relojería. Algunos de estos gobernantes habían aceptado tales reglas del juego pensando que en el transcurso de este lograrían modificar la Constitución para perpetuarse en el poder.. .y así resultó ser en Zimbabue. En el caso de Mugabe, decidió modificar la Constitución para poder eliminar el límite temporal de los mandatos y fortalecer los poderes presidenciales. El problema, como apunta Collier, es que necesitaba llevar a cabo previamente un referéndum que terminó perdiendo. Añade Collier:
"Mugabe vio que había perdido el referéndum sobre el límite de mandatos presidenciales, y supo, por tanto, que también perdería las siguientes elecciones, se dispuso a desmantelar el Estado de derecho, empezando por obligar al presidente del Tribunal Supremo a jubilarse anticipadamente para sustituirlo por un títere. A medida que el imperio de la ley se desintegraba, fueron surgiendo oportunidades para escamotear rentas a costa del erario, y Mugabe, como era de esperar, las aprovechó: primero ignoró los derechos de propiedad y, finalmente, recurrió a la hiperinflación. En otras palabras, el Gobierno, para utilizar las opciones electorales ilegítimas, necesita eliminar los frenos y contrapesos y, en ausencia de estos, es muy probable que se deterioren las demás políticas".
Manipular el concepto de democracia y utilizar como fachada para legitimar el ansia de mantener el poder ya se ha vuelto moneda común y lo vemos en personajes latinoamericanos como Hugo Chávez, Evo Morales, Álvaro García Linera, Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Estos personajes no esconden su desmesurada ansia de mantenerse en su zona de confort y para ello utilizarán todos los medios a su alcance: asambleas constituyentes, ideologización de las fuerzas armadas y de orden por medio de reestructuraciones internas y prenbendas, compra al por menor o al por mayor de votos, intimidación política, soborno, utilizar chivos expiatorio, exclusión de rivales "peligrosos", etc.
Se podría decir que en Venezuela existe un Estado de derecho desde un punto de vista jurídico, es decir, existen leyes que deben ser obedecidas, un aspecto que existió tanto en la Unión Soviética, en la Rumania comunista de los Ceaucescu y en Corea del Norte. En suma habría, como señala Enrique Ghersi, un Estado de legalidad (no de Derecho) Pero sucede que el gobierno bolivariano carece de legitimidad política, puesto que no cuenta con el apoyo mayoritario de la población y, peor aún, no respeta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tampoco cumple las normas del Derecho Internacional estipuladas en la Carta de las Naciones Unidas.
Es el Estado el que ejerce una violencia arbitraria contra aquellas personas que considere (arbitrariamente) como opositores al régimen. Pero considerando este punto – la legitimidad política - tenemos, pues, que el gobierno bolivariano también carecería de legitimidad jurídica al borrar de un plumazo el poder legislativo y llevar a cabo un proceso constituyente ilegítimo. El mismo Nicolás Maduro señaló que el Poder Legislativo en Venezuela había dejado de existir y que no ejercía ningún tipo de influencia política, económica y social. En suma, Hans Kelsen estaba equivocado al señalar que todo Estado era un Estado de Derecho, puesto que tal afirmación separaba la ética del Derecho y, por ende, justificaba cualquier régimen totalitario que se hiciera con el poder.
Desde un punto de vista moral el régimen carece también de legitimidad puesto que tiene a la mayor parte de la población viviendo en condiciones miserables, haciendo colas para comprar alimentos ( o comprarlos en países fronterizos) y completamente desprotegidos de la delincuencia desatada e incontrolada. Además, la política monetaria irresponsable del Banco Central se ha traducido en una hiperinflación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo del bolívar. En otras palabras, el gobierno ha introducido un impuesto camuflado a la población al robarle poder adquisitivo a los ciudadanos por medio de una política monetaria expansionista.
Tenemos, entonces, que el argumento de que Venezuela es una democracia por el hecho de que Nicolás Maduro fue electo democráticamente carece de cualquier relevancia si el mismo Maduro comienza a violar la ley y a destruir el Estado de Derecho. En segundo lugar, lo que nos debe preocupar no es tanto un déficit de democracia sino que la ausencia de un Estado de derecho que garantices la seguridad de las personas ante el poder del Estado y que no garantice las libertades individuales.
Con esto quiero señalar que el hecho de que un gobernante sea electo por una mayoría, no significa que se vuelva inmune a la crítica de sus acciones y menos aún que NO exista la posibilidad de removerlo del poder. Esto era algo que tenía claro el padre Juan de Mariana, John Locke y los Padres fundadores de Estados Unidos, para quienes tenían claro que el tiranicidio o la deposición del gobernante se transformaba en un derecho o, más bien, un deber, si quien manejaba las riendas del poder no lo hacían por el bien de la ciudadanía o, peor aún, utilizaba el poder del Estado para someter a la población.
Parece, por lo tanto, que el régimen de Venezuela pareciera estar en un limbo conceptual puesto que algunos lo denominan sin tapujos como una dictadura y otros se niegan a utilizar tal concepto y recurren a otros conceptos como una “democracia en crisis”. Pero como bien señala Andreas Schedler, cuando conceptualizamos regímenes no democráticos como instancias de democracia, entonces caemos en la trampa metodológica del “estiramiento conceptual”, es decir, estiramos y tensamos el significado moderno de democracia hasta transformarlo en un concepto irreconocible.
Para intentar dar respuesta a este problema que nos plantea el caso venezolano, me remitiré en primer lugar a entender el concepto de regímenes autoritarios para posteriormente hacer una breve alusión a las ideas de la obra de Andreas Schedler: “La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios.
Fin parte 1
[1] http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/07/02/es-venezuela-un-estado-de-derecho/
[2] http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/venezuela-derecho-jose-miguel-vivanco-412071