5) Octubre de 2019: ¿El fin del “oasis” chileno? Más reacciones y la idea de una nueva Constitución (por Jan Doxrud)
El problema desigualdad también se ve exacerbado cuando la población percibe que existe una élite plural– que no se reduce al gran empresariado y que incluye a la clase política – que vive una realidad bastante alejada de aquel ciudadano cuyos ingresos son bajos, tiene que viajar largas distancias desde su hogar hasta el trabajo, que vive en barrios tomados por los narcotraficantes y que se encuentran fuertemente endeudados. Ya es sabido que los políticos han sido blanco de esta crítica. Es decir, los supuestos representantes de los ciudadanos, que ya son privilegiados por tener el cargo que ejercen, tienen además otros privilegios como altos sueldos y otras asignaciones.
Como ya he argumentado en otros artículos, y siguiendo a los trabajos de Pareto, Mosca, Michels o Wright Mills, no existe régimen político que escape a la formación de élites de diverso tipo y diversos ámbitos, de manera que el problema no es la existencia “per se” de las élites (estas siempre nos van a acompañar). Producto de las manifestaciones de octubre, los empresarios se pronunciaron al respecto. Por ejemplo, Álvaro Saieh hizo un llamado a un compromiso entre el gobierno, oposicion, empresarios y trabajadores. Otros líderes empresariales también dieron un mensaje de optimismo en el sentido de tomar la actual crisis como oportunidad. Por su parte el presidente de la CPC, Alfonso Swett, señaló
“Lo que estamos viendo hoy día son consecuencias y todos tenemos responsabilidad. (…) Hemos escuchado un grito colectivo fuerte, que está reflejando que nosotros tenemos que hacernos cargo y estamos acá para construir ese nuevo pacto”
Los políticos también acusaron recibo del descontento social y retomaron un tema que había quedado abandonado: la rebaja de la dieta parlamentaria. El miércoles fue votada la propuesta en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Lo que se busca es refundir dos proyectos: la ya mencionada disminución de la dieta y la disminución del número de parlamentarios. Por su parte Felipe Kast ha insistido en la idea de un “presupuesto de base cero” para definir y jerarquizar cuáles son los principales problemas y saber, en palabras del diputado, “en qué estamos gastando los 77 mil millones de pesos que tenemos como país para lo público”.
Otro tema que se repite y que también he abordado en otro dos artículos versa sobre la temática de lameritocracia y la igualdad de oportunidades. ¿Acaso este discurso meritocrático está causando cierta frustración en una parte de la población que ve que su situación no mejora? Jordi Puyol define la meritocracia como sigue
“La meritocracia es un sistema social basado en la aristocracia del talento y no en alguna forma de justicia democrática o igualitaria; consiste en distribuir los trabajos, los cargos y las recompensas sociales y económicas de acuerdo con las cualidades y calificaciones individuales, de modo que lo s individuos con mayores aptitudes y capacidades deberían obtener los cargos y puestos sociales de mayor importancia y prestigio”.
En lo que respecta a la relación entre igualdad de oportunidades y la meritocracia, tendríamos que una sociedad sería más meritocrática sí existe, previamente, igualdad de oportunidades o, dicho de manera coloquial, si los puntos de partida se igualan (puntos de partida que pueden ser múltiples, siendo unola educación).El problema es que resultaría complejo que algo o alguien pudiese gestionar o incluso garantizar la igualdad de oportunidades eliminando cualquier factor considerado como arbitrario en la trayectoria vital de una persona. En una sociedad meritocrática el esfuerzo no basta y no puede constituirse en un criterio de medición para determinar y establecer quién merece qué, puesto que esfuerzo (¿cómo medirlo? ¿quién lo determina?) no es necesariamente sinónimo de eficiencia. La introducción de nuevas tecnologías han reducido el “esfuerzo” físico humano lo que se traducido en un aumento de la productividad y de los salarios. Una persona con capacidades matemáticas finalizará su examen con menor esfuerzo que su compañero que presenta mayores dificultades en esta disciplina. En suma, la meritocracia no es un ideal que busque la igualdad social, sino que busca legitimar las desigualdades existentes y resulta complejo eliminar factores arbitrarios y que podríamos considerar “injustos” a lo largo de la trayectoria vital de una persona.
Pero si la meritocracia es un mero ideal, entonces ¿qué queda? La verdad es que la vida de una persona se encuentra determinada por múltiples variables, por una combinación de azar, lotería natural o azar de la naturaleza (Rawls), lo que denominamos como “suerte” y también esfuerzo y méritos personales (aunque el esfuerzo no debe constituirse en un criterio de medición de quien merece que). Como ya señalé en otro artículo, el “self-made man” es una ficción egocéntrica puesto que nadie se hace solo a sí mismo salvo, quizás, Robinon Crusoe, puesto que el ser humano vive en sociedad, de manera que su éxito o fracaso no puede reducirse a un solo componente (a mi “Yo”).
Pasemos a otro tema recurrente en nuestro país: el cambio de Constitución. Aquí el problema no es tanto si cambiar o no la Constitución. Lo relevante es plantearse la pregunta ¿qué queremos lograr con esto? ¿Cuál es el objetivo de tener una nueva Constitución? Por ejemplo, las principales necesidades y quejas que se encuentran entre los ciudadanos guardan relación con la desigualdad, la pobreza, bajos sueldos, baja pension, delincuencia y corrupción. En base a esto cabe preguntarse si un cambio constitucional puede o no resolver estos problemas. Por ejemplo, mediante una reforma constitucional o un cambio de Constitución podríamos cambiar el sistema de pensiones en Chile, por ejemplo, transitar hacia uno de reparto (estatal). Pero la pregunta es ¿puede tal acción aumentar el monto de la pensión (no sólo cambiar quien gestiona las pensiones)? Lo mismo sucede con los otros problemas ¿acaso un cambio de Constitución reducirá la pobreza, la desigualdad y mermará los niveles de corrupción? Yo lo dudo.
Pero hay que entender los motivos existentes de este deseo de cambiar la Constitución. La Carta Fundamental chilena padece, al igual que las AFP, de un pecado origina: haber sido confeccionada en dictadura. La Junta Militar en 1973 derogó la Constitución de 1925 atribuyéndose el poder constituyente. Fue la Junta la que creó una Comisión de Estudios de la Nueva Comisión Política de la República de Chile, también conocida como “Comisión Ortúzar”. En 1978 la Comisión entregó al Presidente de la Junta, Augusto Pinochet, un anteproyecto el cual pasó al Consejo de Estado (órgano consultivo cuyos miembros eran designados por la Junta). Finalmente el Consejo de Estado entregó en 1980 un proyecto alternativo al de la Comisión Ortúzar, pasando así ambos borradores a la Junta Militar. Finalmente, mediante un plebiscito se aprobó la nueva Constitución.
¿Qué sucedió con esta Constitución de 1980 a lo largo del tiempo? La actual Constitución chilena es la que más reformas ha tenido (por más de 20 leyes hasta el 2008). Revisemos algunas de estas reformas. En 1989 se derogó el Art. 8 que prohibía la existencia de partidos marxista. En ese mismo año se derogó la atribución del Presidente de disolver la Cámara de Diputados antes de su último año de funcionamiento. Se aumentó el número de senadores de 26 a 38 y se creó el Consejo Nacional de Televisión.En 1991 se modificaron las normas sobre administración regional, provincial y comunal con el objetivo de avanzar hacia una mayor descentralización administrativa. Se suprimió el Consejo nacional de Desarrollo (integrado por el intendente, gobernadores y representantes de las FF.AA) por en Consejo Regional, integrado por los concejales de las municipalidades de la región. Los alcaldes pasaron a ser electos directamente (no designados por los consejos regionales).
En 1997 se llevó a cabo la reforma procesal penal que dio mayor transparencia y celeridad al sistema judicial. En 1999 se modificó el Art.1 de la Constitución estableciéndose que eran las “personas” (y no “hombres” quienes nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En el 2001 se suprimiçó la censura cinematográfica y en el 2003 se estableció la educación media obligatoria. En el 2005, bajo Ricardo Lagos, se eliminaron los senadores designados y vitalicios, se eliminó la atribución de las FF.AA como garantes de la institucionalidad, pasando a ser una atribución de todos los órganos del Estado. También se restableció el derecho del Presidente de llamar a retiro a los comandantes en Jefe de las FF.AA, previo informe al Congreso Nacional y se otorgó a la Cámara de Diputados la atribución de citar a los ministros de Estado (interpelación). Durante el segundo gobierno del Presidenta Michelle Bachelet se presentó el proyecto de reforma al sistema binominal que sería sustituido por uno proporcional, lográndose así un un objetivo que se reclamaba desde hacía tiempo.
Entonces, la pregunta es ¿por qué se quiere cambiar de raíz la Constitución? ¿Acaso no basta con hacer reformas a esta misma? ¿Es una prioridad una nueva Constitución? No es mi intención extenderme en el tema ya que he dedicado artículos y un escrito más extenso sobre el debate constitucional. Pero cabe decir que, en boca de los intelectuales que buscan terminar con esta Constitución se encuentra Fernando Atria. Para el abogado, la Constitución vigente es tramposa en el sentido de que constituye un terreno desnivelado del juego. Pero Atria va más allá selñalando que ni siquiera estamos ante una verdadera Constitución. Así, el autor propone terminar con lo que denomina cerrojos y un “meatcerrojo” de la actual Constitución. El primer cerrojo lo constituye los altos quórums necesarios para reformar las leyes orgánicas constitucionales (4/7 en ambas cámaras). El segundo cerrojo lo constituía el sistema binominal que ya fue sustituido.
El tercer cerrojo se refiere al control preventivo del Tribunal Constitucional (TC), que entraría a operar en caso de que alguna decisión contraria a los intereses de la “derecha” lograse superar las dos trampas anteriores (aunque no menciona que la izquierda también ha apelado a este organismo). El metacerrojo (cerrojo que protege a los demás) hace referencia a los quórums de reforma de la Constitución. En lo que respecta a los quórums de reforma constitucional, podemos leer en el Capítulo XV de la Constitución, Art. 127 que el proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Por otra parte, si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV, necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio. Otras críticas de Atria apuntan al presidencialismo exagerado, el centralismo que asfixia a las regiones, la indiferencia ante la composición plurinacional del país, entre otra. Las personas están en su pleno derecho en exigir una nueva Constitución, el problema es crear altas expectativas haciendo creer que una nueva Constitución va a resolver problemas que, en realidad, no lo hará.
Aquí estamos ante la discusión sobre lo que se entiende por Constitución y cuál es su función. ¿Acaso debemos adoptar una de carácter maximalista? o, por el contrario, debemos adoptar una minimalista, breve y que contenga una lista de derechos básicos que constituyan un límite al poder que abogue por defender la libertad negativa (libertad de) más que la libertad positiva (libertad para)?. Por ejemplo el académico Germán Concha señala que la Constitución debe ser una regla que contenga los “mínimos” a partir de los cuales se convive y que, por lo tanto, no debe ser una regla que diseña los “máximos” para que todos seamos felices. Por su parte, Emilio Pfeffer argumenta que la Constitución no es solo lo que está escrito en el papel, es decir, no es necesario explicitar cada uno de los derechos puesto hay que dar espacio a la interpretación y aplicación por parte de los tribunales.
Teodoro Ribera denomina “fetichismo constitucional” a aquel fenómeno en virtud del cual la Constitución pasa a ser un programa político o una descripción de lo que se quiere, en lugar ser una regulación del poder y un reconocimiento de los derechos ciudadanos. En el caso español, el Doctor en Derecho, José María Ruiz Soroa, escribió en un artículo en el diario El País (2013):
“No se equivoquen: modificar o reformar la Constitución para adecuarla a nuevos problemas es algo normal en un sistema político como lo demuestran muchos ejemplos de otros países. Pero descubrir un buen día, de la noche a la mañana, que la solución de los problemas (tanto los territoriales como los económicos) pasa por un cambio de la Constitución y, por ello, convertir ese cambio en el objeto directo de la pelea democrática partidaria, eso es algo peculiar del subdesarrollo político hispánico. Y en ello estamos de nuevo. Bienvenidos al pasado”.
Similar opinión muestra Carlos Peña en una columna reciente en donde plantea que no se está desconociendo el valor de una Constitución, pero no hay que exagerar tal valor. Así, de acuerdo a Peña, presentar la cuestión constitucional como la clave del malestar en Chile puede constituir una “utopía halagadora” . Resulta ingenuo pensar que en las actuales sociedad complejas la constitución sea capaz de modelar la vida social. Concluye el autor:
“Hoy día asistimos al peligro del fetichismo constitucional, consistente en atribuir poderes demiúrgicos a las reglas o a la asamblea dedicadas a debatirlas. Creer que todo lo que puede ser pensado o escrito puede ser real es una vieja ilusión”
Así, debemos ser precavidos y no exigirle a la Constitución algo que simplemente no puede hacer. Países como EE.UU, Suecia o Noruega poseen constituciones breves y son países exitosos, mientras que Venezuela es extensa y con derechos sociales, pero el país está en la ruina política y económica. En fin, hay que tomar distancias de los reduccionismos y creer que problemas como los sueldos, la corrupción o las bajas pensiones encontrarán una solución en una nueva Constitución.
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